lunes, 19 de enero de 2009

OTRO EJEMPLO DE DESINFORMACION

Otra vez se da el caso de una publicación en un periódico, esta vez en la Vanguardia, de una noticia que frivoliza el tema de la afectación a la salud por la contaminación electromagnética y que solo busca seguir creando confusión entre la población.

NOTICIA ORIGINAL

Respuesta de los grupos que estamos luchando para que se abra el debate sobre la contaminación electromagnética y que se deje de desinformar a la población creando confusión, diciendo que no existen informes científicos que alerten de los riesgos a la salud de las ondas electromagnéticas. ¿Por qué no se miran la bibliografía que existe? ¿Por qué no se miran en informe BIOINITIATIVE REPORT donde se recogen más de 1500 estudios científicos? ¿Por qué no se miran la resolución del Parlamento europeo del 4 de septiembre de 2008 o el proyecto de informe del Parlamento Europeo sobre las preocupaciones en cuanto a los efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos?

Por favor señores de la prensa, dejen de frivolizar con este tema tan serio, dejen de crear confusión entre la población. Sean más rigurosos e imparciales.

PARLEMENT EUROPÉEN : PROJET DE RAPPORT sur les préoccupations quant aux effets sur la santé des champs électromagnétiques.



A La atenció del periodista de La Vanguardia Josep Playamasset y de la Investigadora Anna García Hom.


Sólo decirles que la falta de rigor científico y sociólogico de ambos les dejan totalmente en evidencia. Estamos dispuestos a un encuentro, a un diálogo cívil verdadero. Hasta ahora no ha habido más que una apuesta NEOCON por parte de UDs, donde nos marginan, no nos dejan participar y además mienten con alevosía sobre la NO existencia de estudios científicos que prueben la evidencia de efectos en la salud de la electrocontaminació. Srs la electrocontaminación afecta a la salud y sepan los movimientos sociales territoriales como Federaciones de Asociaciones de vecinos (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Getxo, Navarra etc...) estamos en contra de los móviles, pero NO con planteamientos fundamentalistas como los que UDs y las Multinacionales sostienen de "Móviles y antenas para todos y a todas horas" (quizás en sus casa no). Nosotros estamos por una nueva cultura del móvil, por su uso racional y que no se cometa esa aberración de dar móviles a los menores de 12 años. ¿Saben Uds que es BioIniciative Report y los apoyos recibidos por parte de la Agencia Europea del Medio Ambiente y el Parlamento Europeo".
NO MÁS MENTIRAS POR FAVOR SOBRE QUE LA ELECTROCONTAMINACIÓN NO AFECTA A LA SALUD. Por favor Srs NEOCON dejen a las gentes vivir en paz, al menos la oportunidad de expresarnos. Tenemos el derecho a réplica CONFÍO QUE NOS LA DARÁN.

Toni Oller Castelló Ecologistes en Acció Catalunya i Associació Pro Teatre Talia Olympia
(Tlf trabajo en CCOO Catalunya 93 481 29 06)
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La sociedad española cuestiona las infraestructuras de telefonía móvil pero necesita aumentarlas en un 25%

La paradoja de las antenas

JOSEP PLAYÀMASET - Barcelona - 18/01/2009



En España aún quedan por desplegar unas 10.000 antenas en los próximos tres años

El origen de la mayoría de conflictos es entre operadores y ayuntamientos por el pago de las tasas

El uso cada vez más extendido de los móviles genera la paradoja de que una persona pueda convocar una manifestación en contra de la instalación de antenas de telefonía enviando mensajes cortos desde su propia terminal móvil. Es decir, la sociedad ha incorporado masivamente los teléfonos móviles a su mundo doméstico, pero se mantienen las protestas contra las antenas de telefonía, indispensables para que pueda funcionar esta telefonía sin hilos. La paradoja la describe Anna García Hom, investigadora que ha dirigido un amplio estudio sobre los riesgos de la telefonía móvil.

La sociedad cuestiona el despliegue de antenas a raíz de la percepción de un riesgo sobre su salud y, en cambio, no se cuestiona el uso del móvil ni la incidencia de sus campos electromagnéticos, pese a que lo llevamos pegado a la piel. ¿Por qué se da esta aparente contradicción? ¿Por qué se produce esa reacción contra las infraestructuras de telefonía móvil en Catalunya, cuando en otros países apenas si han levantado polémica? Son preguntas que se formuló la secretaría de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat y que trasladó al Centre de Recerca en Governança del Risc (CRGR), dependiente de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Y el resultado ha sido Metodología para la generación de consenso social en el despliegue de las infraestructuras de telefonía móvil,dirigido por Anna García Hom, investigadora del IN3 y el CRGR.

El fenómeno de la telefonía móvil es reciente, pero su crecimiento ha sido espectacular. En Catalunya se pasó de los 54.700 móviles de 1990 a 5.728.000 en 1998. Europa ha sobrepasado los 570 millones de usuarios de móviles, y ya en el 2003 llegaron a superar el número de usuarios de teléfonos fijos. Pese a ese despliegue, tanto en España como en Catalunya persiste un problema de falta de cobertura en algunas zonas. El sector de las telecomunicaciones ha advertido que en España aún quedan 10.000 antenas por desplegar en los próximos tres años, un 25% más de las que ya están instaladas actualmente.

La primera parte del estudio consistió en un exhaustivo análisis de toda la literatura médica relacionada con el impacto de la telefonía móvil sobre la salud. La conclusión es que no hay tal afectación. El repaso de los estudios existentes indica que nadie ha probado que las ondas electromagnéticas provoquen daños en la salud. Y mucho menos que produzcan cáncer, como tantas veces se ha especulado. A partir de aquí, las recomendaciones y protocolos, como el de la UE, son lo que se llama "principios de precaución". Así, se recomienda no situar las antenas cerca de los colegios o de los hospitales como simple precaución. Y pese a que esta precaución no se basa en ninguna constatación científica, contribuye a fomentar todo tipo de rumores.

Una segunda fase del estudio consistió en analizar los llamados elementos de entorno desde el punto de vista comunicativo, tecnológico y ambiental. La primera protesta en España surge en 1996 en Valladolid, a raíz de la muerte de un niño por leucemia, que los padres atribuyen a una antena situada cerca de su casa. Una de las constataciones del estudio es que "los medios de comunicación no crean alarma, tampoco se han inventado nada, sino que simplemente han actuado de portavoces de una conflictividad latente", explica Ramon-Jordi Moles, director de la Fundació per al Estudis de Prevenció i Seguretat Integral.

Un dato clave es que los elementos de ineficiencia están relacionados con la fórmula económica y con las licencias municipales. Así, lo que aparentemente era un conflicto entre los operadores de telefonía móvil y la ciudadanía que se opone a las antenas es, en realidad, un conflicto entre los ayuntamientos y los operadores. Los primeros piden dinero y los segundos se saltan la autorización municipal al conseguirla directamente en Madrid e instalar a continuación las antenas. La oposición de los ayuntamientos, que utilizan el argumento de la salud, apadrina en cierto modo las protestas. Los ayuntamientos intentan que los operadores paguen más (la autorización depende del área de licencias de urbanismo) y estos intentan saltarse la normativa, pero no se plantea en ningún caso un debate serio sobre las consecuencias.

Una característica de los conflictos es que en general no hay colectivos antiantenas ni están directamente ligados al territorio, sino que se trata de grupos de vecinos afectados sin relación con los partidos. Su contencioso se basa en la defensa de la salud pública, pero sin plantear alternativas a la ubicación de las antenas.

EL CENTRE DE GOVERNANÇA DEL RISC DE LA UAB
Los riesgos se pueden conocer y administrar


Se cumplen diez años ya de la puesta en marcha de la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral, promovida por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), para abordar la seguridad más allá del ámbito policial, en campos como la informática, la alimentación o la sanidad. Lo que era una apuesta casi futurista se ha afianzado como uno de los ejes de la nueva sociedad, y especialmente después de episodios como el 11-S, el cambio climático o el problemas de las vacas locas,cuestiones que amenazan a la seguridad. Ramon-Jordi Moles, director del Centre de Recerca en Governança del Risc, que actúa dentro de la fundación, señala su carácter pionero. "El tema de la seguridad nos remite al proceso de construcción social del riesgo como factor que amenaza a la sociedad", dice. Su objetivo es asesorar para que los gobiernos de todo tipo no fracasen en sus políticas. Y el modo de hacerlo es conocer y administrar los riesgos. Moles señala dos elementos específicos de Catalunya que explican la propagación de la cultura del no. Por un lado, que "los partidos políticos son tributarios de las administraciones locales", y por otro, la ausencia de pactos de Estado "para poner fuera de la agenda política temas cruciales".

Un negocio de 17.639 millones de euros


El mercado de la telefonía móvil genera en España unos ingresos anuales de 17.639 millones de euros y da trabajo a 11.000 personas. La cifra de líneas activas es de 46,2 millones, lo que significa una penetración de mercado del 104% (más móviles que usuarios). El cliente medio gasta una media de 22 euros.

Para la instalación de una antena cuyo coste medio es de 100.000 euros, los ayuntamientos cobran un impuesto de instalación y construcción que junto con la licencia asciende a 5.250 euros. La Federación Española de Municipios y Provincias ha promovido una tasa de ocupación - recurrida en los tribunales-,cifrada en el 1,5% de los ingresos brutos obtenidos por los operadores en cada municipio. Entre los pocos municipios que la han implantado están Sabadell y Badalona. Algunos ayuntamientos actúan como arrendatarios y el alquiler oscila entre los 6.000 y 9.000 euros al año. Las rentas compensatorias a particulares van de 6.000 a 30.000. Como efecto económico negativo, la instalación de una antena puede devaluar el precio de la vivienda hasta un 20%.


Publicado en LaVanguardia.es

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